
Es fácil asumir que dada las restricciones de movilidad existentes, se reducirían las actividades criminales hasta cierto punto, esto último quizás se corresponda en cuanto a la delincuencia común (robos, asaltos, homicidios y demás); no obstante, la realidad es que el crimen nunca duerme. Existe la posibilidad de que personas y organizaciones criminales se aprovechen de la coyuntura actual para vulnerar los sistemas antilavado, considerando la alta demanda de ciertos insumos, que algunas medidas o controles de prevención se hayan visto afectadas y que las autoridades competentes y actores del sistema preventivo hayan tenido que priorizar otras áreas para hacer frente a la pandemia que nos afecta.
En ese sentido el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su comunicado respecto al tema ha identificado posibles escenarios de riesgo de lavado de activos derivado de esta situación, tales como el aumento de fraudes financieros y estafas debido a la inseguridad económica y los miedos provocados por la pandemia, es posible que surjan ofertas de inversiones de alta rentabilidad en poco tiempo en modalidad piramidal o esquemas ponzi.
Asimismo, existen múltiples riesgos asociados al mal uso y abuso de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), por el aumento en la actividad de dichas organizaciones durante situaciones como esta; pudiendo aprovecharse de la benevolencia de donaciones efectuadas para cometer fraudes o bien para legitimar fondos de origen turbio, particularmente cuando involucre donaciones recibidas o enviadas desde o hacia el extranjero. Por otro lado, tomando en cuenta que la mayoría de los gobiernos han aprobado planes de ayuda financiera para sus nacionales, es posible que personas inescrupulosas se aprovechen para cometer fraudes y estafas contra los potenciales beneficiarios de dichas ayudas.
Considerando lo anterior, se prevé además un incremento en actividades de robo de datos e identidad mediante phishing a través de llamadas telefónicas o portales web falsos. Los ciberdelincuentes se benefician también de que los consumidores, para evitar contagiarse, recurren más a operaciones financieras y adquisición de bienes y servicios por canales electrónicos para cometer esta clase de delitos.
Otro factor de riesgo a considerar es que, debido a los altos niveles de informalidad existentes en economías como las nuestras, un número significativo de personas pudieran quedar excluidas de los programas de subsidios sociales gubernamentales y estas, para poder suplir sus necesidades básicas y las de sus familias, recurran a medios de financiamiento informales o poco regulados como prestamistas y casas de empeño, quienes no solo aplicarían medidas usureras y abusivas, sino que pueden utilizar esta situación para transparentar fondos de origen ilícito. Los apremios propios de las necesidades económicas, pudieran traducirse, además, en un repunte del reclutamiento de personas para actividades criminales que generen recursos susceptibles de lavado de activos.
Igualmente, se plantean dos posibles situaciones respecto al contrabando y/o tráfico de medicamentos e insumos médicos; el ingreso de mercancías lícitas sin haberse agotado los debidos procesos de importación y aduanas y el ingreso irregular de medicamentos o instrumentos médicos adulterados y sin los debidos estándares de calidad requeridos por las autoridades de salud competentes. Respecto al contrabando de insumos alimenticios, este es un riesgo latente en comunidades fronterizas donde comerciantes inescrupulosos, mediante la simulación de producciones excesivas, pudieran obtener mayores permisos de circulación de mercancía, obteniendo así un alto porcentaje de utilidad. Esta operación es particularmente riesgosa considerando que se maneja mayormente con dinero en efectivo.
En un plano más general, ante la flexibilización de los procesos de compras y contrataciones propia de los tiempos de crisis, se repuntan los delitos relacionados a la corrupción, mediante la sobrevaluación de insumos médicos (mascarillas, medicamentos, trajes, guantes, etc.) debido a la alta demanda. De hecho, ya en la República Dominicana tuvimos nuestro primer escándalo.
Las respuestas más saludables ante los escenarios anteriormente expuestos deben centrarse en el fomento y fortalecimiento de enfoques basados en riesgo, robusteciendo las medidas donde se detecten mayor vulnerabilidad y simplificando aquellas donde el riesgo sea menor, dada la limitación de los recursos.
En lo que respecta a los Sujetos Obligados, dentro de sus posibilidades, deben procurar el fomento de tecnologías y herramientas de identidad digital para garantizar la seguridad de las transacciones y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo de operaciones electrónicas. Comenzando desde los mismos asesores financieros hasta los departamentos de cumplimiento, pues a través de ellos es que se manejan la entrada hacia el primer eslabón de las etapas de lavado.
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