La semana pasada la OEA nos sorprendió en medio de esta pandemia con su informe final sobre lo ocurrido el pasado 16 de febrero de 2020. Una nota curiosa e interesante es que coincidió con el cambio de fecha de las elecciones, que ahora serán en julio. Los hallazgos del informe dan cuenta de una falta de gerencia abismal.
Lo doloroso de las conclusiones y el proceso investigativo es que a todas luces la culpa ha de recaer solo en el departamento de tecnología, obviamente los miembros titulares tendrán que ser removidos por juicio político o simplemente sustituidos cuando asuma el nuevo senado. Sin embargo, la investigación exhaustiva ya no la tendremos, se ha perdido la cadena de custodia y si el ministerio público decidiera investigar bajo la procuraduría especializada en delitos electorales no tendría valor jurídico. Todos los sectores políticos quedan contentos, las conspiraciones que surgieron quedan en el aire, el gobierno no queda embarrado. Para las elecciones de julio solo nos queda un órgano regulador (JCE) bastante desacreditado, incognitas y un resultado que desde el principio mas que justicia y transparencia se buscó desde un inicio una salida política a un problema que requería fortalecer la institucionalidad.
Si el ministerio público se le hubiese dado la tarea de llevar a cabo la investigación hasta con un sorteo hubiesen designado a un fiscal electoral que designara a los peritos necesarios y muy bien podía incluir en su proceso a la OEA para tener en cuenta todas las aristas. Este informe probablemente nos lleve a un borrón y cuenta nueva, solo nos queda esperar que harán las instituciones correspondientes.
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