El crimen organizado: la verdadera dictadura en El Salvador

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que El Salvador está a punto de convertirse en una dictadura y que Nayib Bukele, actual presidente de dicha nación, muestra “una conducta contraria a los derechos fundamentales a las libertades públicas, una conducta despótica”.

Conforme a la definición de la RAE, se entiende como dictadura un régimen político que, por fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona, grupo u organización y que reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Otra característica de las dictaduras es que sus gobernantes no son elegidos mediante elecciones competitivas, lo cual no es el caso con Nayib Bukele, quien fue elegido de manera democrática y sin fraude alguno, tal como afirmaron los observadores internacionales de dicho sufragio.

Uno de los argumentos de Vivanco para su afirmación es la irrupción de Bukele a la Asamblea Legislativa con militares y policías para presionar a los diputados para la ratificación de un préstamo que serviría para la ejecución de un plan de seguridad nacional contra las pandillas.

Si bien esta actitud denota autoritarismo, se ha de recordar que El Salvador es un país arrasado por una guerra civil de 12 años, la cual culminó gracias a un acuerdo de paz firmado entre el gobierno y los rebeldes de izquierda con el fin de aplicar reformas políticas y militares. No obstante, ese acuerdo y las políticas implementadas previo al ascenso de Bukele han demostrado ser ineficientes ya que esta nación ocupa los primeros lugares en cuanto a tasa de homicidios, con pandillas criminales omnipresentes y una corrupción rampante que han impedido el desarrollo adecuado del país.

El gobierno de Nayib Bukele ha implementado una política de tolerancia cero contra las pandillas, lo cual ha elevado la voz de alarma por parte de Human Rights Watch y otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, sin embargo, estas mismas organizaciones guardan silencio ante los atentados contra los derechos humanos que diaria e indiscriminadamente cometen los desaprensivos miembros de las pandillas salvadoreñas.

La delincuencia organizada, incluidas las bandas locales y transnacionales, han sido los principales autores de delitos violentos y actos de asesinato, extorsión, secuestro, trata de personas, intimidación, actos de violencia contra la policía, las autoridades judiciales, la comunidad empresarial, los periodistas, agresiones sexuales contra mujeres y niñas y vejaciones contra miembros de poblaciones vulnerables.

A pesar de la participación de las fuerzas de seguridad en ejecuciones extrajudiciales de presuntos pandilleros, a la fecha no ha habido informes de la participación del gobierno o sus agentes en asesinatos con motivaciones políticas, lo cual es una característica de las dictaduras.

Asimismo, el informe sobre Derechos Humanos de El Salvador sobre Derechos Humanos del 2019, documento emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, evidencia que no hubo informes de que el servicio de inteligencia del Estado rastreara a los periodistas o recogiera información sobre sus vidas privadas, no se ha restringido ni interrumpido el acceso a Internet ni se ha censurado contenido en línea, tampoco hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones privadas en línea sin la debida autoridad legal.

Empero, en muchos vecindarios, los grupos armados y pandillas atacaron a ciertas personas e interfirieron con la privacidad, la familia y la vida familiar; los periodistas que informaban sobre las bandas y el tráfico de estupefacientes han sido objeto de secuestros, amenazas e intimidaciones. Los observadores informaron que las pandillas también cobraban a las empresas de medios impresos para que distribuyeran en sus comunidades, lo que les costaba a los medios de comunicación hasta un 20% de sus ingresos.

Otro derecho fundamental que es constantemente mancillado por los grupos criminales en El Salvador es la libertad de tránsito. Las principales bandas (MS-13 y dos facciones de la Calle 18) controlan su propio territorio y no permiten que personas residentes en la zona de otra banda entraran en su territorio, incluso cuando viajan en transporte público. Las bandas obligan a las personas a presentar tarjetas de identificación emitidas por el gobierno para determinar su residencia y si descubren que dicha persona vive en el territorio de una banda rival, esa persona se arriesga a ser asesinada, golpeada o no se le permitía entrar en el territorio. Las empresas de autobuses pagan tasas de extorsión para operar en los territorios de las bandas, a menudo pagando numerosas tasas por las diferentes zonas en las que operan. Estos costos de extorsión, a su vez, son transferidos a clientes.

Ante esta situación, es evidente que se requiere ir más allá del diálogo para solucionar este flagelo; Singapur es el mejor ejemplo de esto. Este país pasó de ser una de las naciones más violentas, flagelado por el narcotráfico y el terrorismo, a ser uno de los países más seguros del mundo, que actualmente goza con mejor nivel de vida y poder adquisitivo que muchos países de Europa. Singapur logró erradicar la inseguridad y la delincuencia a través de la implementación de medidas drásticas tales como trabajo forzado, cadena perpetua y la pena de muerte para reincidentes y perpetradores de delitos graves, logrando un cambio radical en la conducta de la gente y creando valores para garantizar la seguridad de sus habitantes.

Sin embargo, para que este método sea realmente efectivo, las penas deben alcanzar a todos los sectores de la sociedad, incluyendo la clase política. Igualmente se debe procurar mecanismos de depuración dentro de los cuerpos de seguridad y del sistema judicial a los fines de evitar impunidad y demostrar que ciertamente la ley aplica para todo el mundo. De aplicar estas medidas El Salvador, lejos de ser una dictadura socialista más, pasaría a ser el Singapur de las Américas.